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NOTICIA Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre pago a proveedores

La PMcM denuncia que los Ayuntamientos triplican de media el plazo de pago

02/01/2017 - PMcM
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha analizado los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas relativos a septiembre de 2016, que ponen de manifiesto el nuevo incremento de la morosidad, con cifras muy superiores al plazo legal (30 días), que en el caso de los Ayuntamientos la triplican de media.

Precisamente, los Ayuntamientos de capital de provincia que encabezan la lista de los mayores incrementos producidos son Jaén (112%), Lugo (81%) y Girona (57%). 

En número de días, la capital jienense registró el aumento más pronunciado (326,50 días), liquidando las facturas de sus proveedores en una media de 618,14 días (una cifra 20 veces superior al plazo permitido por Ley). 

A Jaén le siguen otros Ayuntamientos de capital de provincia que también triplican el plazo medio de pago: Granada (135,92 días), Lugo (128,34), Melilla (118,21), Cádiz (118,20), Huelva (111,85) y Palma de Mallorca (108,43).

En lo que se refiere a las comunidades autónomas, las que han experimentado los aumentos más pronunciados en los plazos de pago a proveedores en septiembre de 2016 comparado con el mismo mes del año anterior, han sido Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Canarias, con un 79%, 42% y 35%, respectivamente. 

Atendiendo al número concreto de días, tanto la región castellanoleonesa (94,13 días) como la Comunidad de Madrid (99,81) y Baleares (103,80), triplican el plazo legal permitido.

Cambio de tendencia

Si se compara septiembre de 2016 con el mismo mes del año anterior, el caso más llamativo de empeoramiento ha sido el de los Ayuntamientos, que han aumentado su plazo medio de pago a proveedores en un 18%, pasando de 78,48 a 92,61 días. 

Le sigue la Administración Central, que también incrementó su plazo medio de pago (8%), registrando una media de 53,29 días frente a los 49,36 del mismo periodo del año anterior. Por contra, la Administración Autonómica mostró un mejor comportamiento, reduciendo su plazo medio de pago de 85,48 días a 71,09 (-17%).

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha manifestado su preocupación por el cambio de tendencia producido, que “lejos de continuar mejorándose los plazos de pago de las AA.PP. -como ha venido siendo una constante en los últimos tres años-, se dilatan cada vez más. Esperamos que con el fin de la interinidad del Gobierno y la deseada puesta en marcha de los compromisos adquiridos en materia de morosidad, la senda descendente vuelva al ámbito público y que también se haga extensible al sector privado a través de la instauración de un régimen sancionador”.  

Esperando a la UE

Los datos citados por la PMcM “comprenden el plazo medio de pago real, esto es, el que tiene en cuenta desde el primer día en el que tenía que haberse pagado la deuda”, explica el presidente de la entidad, Antoni Cañete, quien recuerda que la cifra que arroja el Ministerio -elaborada con su metodología-, solo se refiere al número de días que exceden del plazo máximo legal permitido (30 días)”. 

Precisamente, esta metodología puesta en marcha por el Gobierno de España para calcular los plazos de pago de las Administraciones Públicas, está siendo investigada por la Unión Europea, explican desde la plataforma. “Esperamos que se pronuncie pronto para acabar cuanto antes con esta forma perversa de cálculo”, confía Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. 

Asimismo, la PMcM también está pendiente de recibir respuesta por parte de la institución europea sobre otros dos asuntos más de “vital importancia”: la sentencia sobre la devolución de los intereses de demora y el procedimiento de infracción a España por una aplicación inadecuada de la Directiva sobre morosidad. 

“Viendo el gran trabajo que está realizando la UE en líneas generales en materia de impagos a proveedores, desde la PMcM confiamos en que las decisiones que tome sean favorables a nuestros intereses, tal y como les hemos solicitado, por el bien de nuestras pymes y autónomos”, asegura Cañete.

Para leer el contenido completo, acceda a este enlace.

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