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ARTÍCULO TÉCNICO

La contratación pública ecológica

11/01/2019 - Blanca Lozano Cutanda. Mª José Rovira Daudi
Entre las nuevas técnicas jurídicas que más desarrollo están teniendo para incentivar a los operadores económicos a adoptar un comportamiento más respetuoso con el medio ambiente, destaca la denominada «contratación pública ecológica».

En adelante CPE, se define por la Unión Europea como «un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar».

Con la contratación pública se obtiene un doble dividendo ambiental, pues a la vez que se reduce el impacto ambiental de las obras, productos o servicios que se contratan, se incentiva a las empresas que quieren participar en licitaciones públicas a mejorar su comportamiento ambiental y a invertir en productos ecológicos. 

La Unión Europea se ha implicado decididamente en el impulso de la CPE, por la importante contribución que puede tener para el logro de las metas de sostenibilidad; la Comisión pone de relieve, en este sentido, que el gasto público en la adquisición de bienes y servicios representa alrededor del 14% de PIB de la Unión. A ello se añade que la CPE puede suponer ahorros económicos a las autoridades públicas, especialmente si se consideran todos los costes de vida de un contrato y no solo el precio de compra; se señalan, como ejemplo, la adquisición de productos que ahorren energía o agua, que puede ayudar significativamente a reducir las facturas de servicios básicos, o la reducción de sustancias peligrosas en los productos adquiridos, que puede reducir los costes de eliminación (Buying green! A handbook on green public procurement, 3ª edición, 2016, accesible en Internet).

En nuestro país, el fomento de la CPE viene desarrollándose desde hace dos décadas, fundamentalmente por impulso de las directivas europeas en materia de contratación pública. La apuesta por la CPE se ha consolidado en la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre de 2017, en adelante LCSP, que -en transposición de dos directivas europeas e incluso más allá de sus exigencias-, atiende a los aspectos medioambientales (así como a los sociales) en todo su articulado. En cuanto a su entrada en vigor, la Disposición Final 16ª LCSP establece que dicha norma entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación, es decir el pasado 9 de marzo de 2018.

De este modo, ya el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley 9/2017 dispone que: En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

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