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NOTICIA

El absentismo laboral en el sector de la limpieza aumenta un 91% en los últimos cinco años

11/07/2019 - Aspel
El absentismo laboral en el sector de la limpieza aumentó un 91% en los últimos cinco años, pasando de los 14.136 trabajadores en 2013 a los 27.107 de 2018 según datos extraídos del informe anual que la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha presentado este jueves en rueda de prensa.

Según el estudio que la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo ha elaborado para Aspel, el número de empleados que no acudieron a su puesto de trabajo aumentó en más 7.000 trabajadores con respecto a 2017, un incremento que la asociación considera “desmesurado” en comparación con la media del resto de sectores. 

De hecho, la duración media de las bajas por contingencias comunes fue de 56,64 por proceso finalizado en este sector, frente a los 40,33 días del total de sectores. Asimismo, la incidencia media mensual de los procesos de baja para el sector de la limpieza se cifró en 34,69 casos por cada 1.000 trabajadores, siendo esta cifra superior en un 47,81% al del total de sectores para el ejercicio de 2018.

Y es que, según se desgrana en el informe, el coste total que supone para las empresas del sector de la limpieza los procesos de baja de una duración de 15 días es de más de 242 millones de euros y los de más de 15 días un total de 267,2 millones para la seguridad social.

Principales datos del sector

El sector de la limpieza en España aumentó en 2018 en más de 13.200 trabajadores respecto al año anterior, situándose el número de trabajadores en más de 370.000. Además, según los últimos datos, el sector de la limpieza representa a un total de 17.544 empresas, 100 más que el pasado año.

Sin embargo, entre los riesgos y problemas destaca la responsabilidad solidaria en la subrogación de plantillas entre la empresa saliente y entrante ya que, actualmente, debido a la jurisprudencia derivada del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea ), el nuevo contratista asume una parte relevante de la plantilla del anterior, produciéndose una sucesión de empresa en los términos del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Así, se producen varias consecuencias como la subrogación de la totalidad del personal adscrito a la contrata, el mantenimiento de los derechos laborales de los trabajadores y del Convenio colectivo que les fuera aplicable y la responsabilidad solidaria por las deudas laborales y de Seguridad Social del anterior empleador.

A pesar de esto, el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, ha señalado que “los análisis de 2019 auguran una prolongación de la tendencia de crecimiento del negocio por encima del 1,5% para la limpieza.”

Además, cabe destacar que, aunque Aspel cuenta con un miembro menos, mantienen el porcentaje del volumen total de facturación agregada de limpieza en España situándose en casi 2.200 millones de euros.

Además, Díez de los Ríos ha hecho hincapié en la necesidad de desarrollar el articulado del Convenio Sectorial de Limpieza en acuerdo con los Sindicatos, ayudando a simplificar y hacer de la Negociación Colectiva, una efectiva herramienta unificada que dé como resultado un mercado único, eficiente y competitivo.

Por último, ha recalcado que los principales clientes de servicios de limpiezas son los organismos públicos y los centros docentes y hospitalarios, las grandes compañías de servicios e industriales (donde se aprecia un mayor grado de externalización).

Morosidad

La deuda vencida por las administraciones públicas con las empresas de Aspel llegó a los 340, 2 millones de euros, disminuyendo en 15,97 % con respecto al 2017.

Destaca el caso de las comunidades autónomas, donde aumenta el número de días en relación al año pasado teniendo los proveedores y las compañías que esperar hasta tres meses para cobrar.

En el caso del Estado y las entidades locales, los tiempos de espera son inferiores, aunque siguen sin cumplir con el plazo de la Ley a 30 días ya que superan los dos meses de demora.

Sin embargo, fueron las comunidades autónomas las únicas que disminuyeron su deuda con respecto al año pasado llegando hasta los 144,6 millones de euros, un 42,45% menos que en 2017.  El Estado se situó en 71,6 millones de € de deuda (+ 2.68%) y las entidades locales en 123,9 millones de € (+4,13%).

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