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OPINIÓN

Miguel Vila, Presidente de AELPO

Las AA.PP. impiden el acceso de la pequeña y mediana empresa a los concursos públicos

La crisis económica ha hecho que cada vez sean más las pymes que se lanzan al sector público en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, si bien, todavía deben enfrentarse a muchas dificultades.

Entre los principales problemas con los que se encuentran las pequeñas y medianas empresas españolas a la hora de acceder a los concursos públicos, destacan especialmente las complicaciones para obtener un adecuado retorno económico de su inversión. Pero en el sector de limpieza profesional, éste no es el único problema, ya que al sacar a concurso la contratación de los servicios divididos en lotes cada vez más amplios, las Administraciones Públicas no hacen otra cosa que condicionar e impedir el acceso de la pequeña y mediana empresa.

Asimismo, los problemas de financiación y la falta de cobro obligan también a las pymes a terminar abandonando la licitación de nuevos contratos públicos, dejando que las grandes empresas amplíen su participación en el sector público.
La política de contratación pública menosprecia además la calidad, contratando por debajo, muchas veces, de las tablas salariales de los convenios colectivos vigentes, y centrándose sólo en beneficiar a las grandes empresas del sector. Los pliegos se presentan además, en algún caso, en condiciones poco claras e incluso contradictorias. 

La realidad es que las duras condiciones económicas, la distribución de los contratos, así como la distribución territorial de los lotes o los inalcanzables plazos de entrega dejan fuera a casi el 99% de las empresas del sector, ya que el sector de limpieza está compuesto en su mayor parte por pymes. Algo que nos preocupa sobremanera, ya que al no poder acceder a los concursos públicos, muchas empresas ponen en riesgo su viabilidad, poniendo a su vez en peligro el mantenimiento de muchos puestos de trabajo.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por su parte, trata además de extender el sistema de contratación centralizada con la excusa de la optimización de costes. Una política que, lejos de beneficiar a las pymes, las discrimina, bien sacando a concurso los trabajos de limpieza que centralizan los servicios en una única empresa, o bien con precios de licitación muy por debajo del precio de mercado, por lo que tan sólo pueden presentarse muy contadas empresas con mayores recursos, excluyendo así injustamente a las pymes de limpieza de los macro-concursos que está sacando. 

Este tipo de contratos no ayudan precisamente a superar el contexto actual de crisis. En España, el porcentaje de pymes es muy superior al de las grandes multinacionales y suponen el grueso del motor económico del país. Por ello, desde las patronales de limpieza profesional, reclamamos el establecimiento de políticas públicas que fomenten y ayuden a regenerar la economía de las pequeñas y medianas empresas, pues han sido las principales perjudicadas de la crisis.

Ésta es una realidad a la que venimos enfrentándonos desde hace años, razón por la que hemos venido denunciando esta problemática en todos los foros posibles: políticos, empresariales y a través de las distintas publicaciones sectoriales y medios de comunicación. 

Acciones

Y para muestra un botón. El pasado año apoyamos a la patronal AFELIN en la interposición de un recurso contra el concurso del Ministerio de Defensa para la adjudicación de los servicios de limpieza en todas las instalaciones de la institución, ya que el modelo de concurso que se publicó favorecía a las grandes corporaciones e imposibilita el acceso de las pymes al mismo, perjudicando la libre competencia de las empresas del sector, y eliminando la igualdad de oportunidades frente al concurso público.

También hemos apoyado la interposición del recurso contra el INE, por la discriminación a las pymes, ya que, entre otras cosas, exigía disponer de una delegación en cada una de las localidades donde salía a concurso un centro, excepto en tres. Estos pliegos parecen hechos “a medida” para alguna determinada empresa.

Y estos no son los únicos casos. Hace sólo un mes, AELPO ha tenido que reclamar a la Consellería de Sanidad y el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) la convocatoria de un nuevo concurso con un nuevo Pliego de Condiciones para la adjudicación de los servicios de limpieza del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), que garantice el principio de libre competencia de mercado establecido en las normativas comunitarias. Desde la patronal, nos hemos mostrado también contrarios a la adjudicación “a dedo” de un contrato de 150 millones de euros por parte de la Administración, simplemente “por cuestiones de agilidad”, tal y como anunciaron diferentes medios de comunicación gallegos. 

Ante esta situación, nos hemos visto obligados a reunirnos con el grupo parlamentario socialista gallego para denunciar el proceder de la Consellería de Sanidad y el Servicio Gallego de Salud (SERGAS), en la adjudicación de los servicios de limpieza del CHUO, por vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público. Hemos considerado fundamental recabar el apoyo político para evitar esta situación, puesto que podría sentar un precedente con graves consecuencias para la industria gallega. Tras nuestro encuentro con el Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, los diputados Abel Losada, José Manuel Gallego y Beatriz Sestayo, han presentado una proposición no de Ley para su debate en el Pleno del Parlamento con el fin de instar a la Xunta de Galicia dejar sin efecto los concursos de gestión integrada de servicios públicos, y a recuperar los concursos de servicios de gestión de carácter sectorial que permitan a las pymes gallegas competir en igualdad de condiciones.

También nos hemos entrevistado con varios consejeros de gobierno gallego, con el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda, y con la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, para abordar la problemática del concurso para la adjudicación de los servicios de limpieza del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Los consejeros, por su parte, nos han transmitido la falta de fondos para ejecutar una obra, por lo que necesitan sacar el concurso tal y como salió inicialmente, incluyendo la aportación de 14.000.000 de euros por parte de la empresa adjudicataria. 

Por otra parte, nos han proporcionado el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público Autonómico para que propongamos mejoras en materia de contratación pública, con el fin de que puedan ser estudiadas y puedan materializarse. No obstante, y a pesar de los discursos políticos del gobierno gallego en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con este tipo de concursos que favorecen claramente a las grandes, puesto que son las que tienen la infraestructura y la logística para abordarlos. Con prácticas como esta, las pymes gallegas de nuestro sector están condenadas a la desaparición.

En general, las pymes del sector se enfrentan a mayores dificultades que las compañías de mayor dimensión para el acceso a la contratación pública, y la actual coyuntura las ha incrementado por distintas razones, debido especialmente, como decía, a la falta de tesorería y a la morosidad. 

Las asociaciones y federaciones provinciales, autonómicas y la nacional, por nuestra parte, debemos, por tanto, continuar impulsando el asociacionismo empresarial para demostrar una mayor representatividad en el sector y para luchar contra los acuerdos marco promovidos por las Administraciones Publicas que están proliferando en todo el territorio nacional, en detrimento de las pymes y del sector en general y favoreciendo a las empresas grandes, además de seguir apostando por la formación. Las empresas debemos también rechazar rotundamente la entrada en concursos que apenas alcanzan a cubrir los costes de mano de obra, poniendo en peligro la viabilidad económica de nuestras empresas y la consecuente pérdida de empleo.

Esta industria, terriblemente castigada por la crisis económica, atraviesa además momentos especialmente difíciles y necesita más que nunca de la unión de todos los agentes que la conforman para hacer frente a problemas comunes como la caída de la demanda, la competencia desleal, el abaratamiento de los precios, la falta de dinero circulante, los impagos y la morosidad, y en particular, la tardanza de las Administraciones Públicas, que han convertido ya sus demoras en un problema de primera fila para las empresas.
Confiamos en que la Administración y los poderes públicos, antes de tomar decisiones que afecten a nuestro sector, cuenten en primer lugar con nosotros y escuche nuestras propuestas.

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