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NOTICIA Primer Simposio de Limpieza Profesional Sostenible

Las empresas de limpieza reclaman a la Administración que los concursos públicos cubran los costes laborales

29/06/2018 - Aspel
El presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Díez de los Ríos, criticó este jueves que las administraciones públicas “sigan sacando concursos con un precio de licitación que no cubre los costes laborales”, aunque confió en que la Ley de Contratos del Sector Público ayude en esta situación.

Díez de los Ríos hizo estas declaraciones durante su intervención en el primer Simposio de la Limpieza Profesional Sostenible que se celebró en Madrid en el marco del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles y de la feria de limpieza Es Clean.

El presidente de Aspel, que participó en una mesa redonda sobre los pros y los contras de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, estuvo acompañado por Jesús Vidart, director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid; Lucía Campos, representante de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda.

Además, estuvieron presentes el presidente de AFELIN, Jesús Martínez; la presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez, y la directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Fernández.

Durante su intervención, Díez de los Ríos manifestó que, en un sector como el de la limpieza, intensivo en mano de obra, “es muy importante que los costes laborales queden cubiertos”. “Queremos competir dentro de nuestro margen, pero no en contra y a costa del trabajo”, indicó Díez de los Ríos, para quien la nueva ley servirá “para regular mucho más el sector”.

Asimismo, el presidente de Aspel lamentó que, a día de hoy, “siga habiendo pliegos con bolsas de horas gratuitas para la Administración, en los que se valora la prestación de horas sin precio”.

No vamos a permitir que la contratación pública invada la legislación laboral”, dijo Díez de los Ríos, al tiempo que añadió que desde las mesas sectoriales, constituidas por representantes de patronales y sindicatos, “se ha trabajado mucho por conseguir un acuerdo entre todas las partes en materia laboral y de derechos de los trabajadores que debe ser respetado por las administraciones”.

En este sentido, el presidente de AFELIN, Jesús Martínez, afirmó que la Ley de Contratos del Sector Público es “una herramienta potentísima en manos de la Administración para influir en la economía y, en concreto, en su parte social”. Por este motivo, apuntó que los pliegos de los contratos se tienen adaptar a las necesidades del sector, teniendo en cuenta también las disposiciones de los convenios colectivos.

Visión de la Administración

Por su parte, Jesús Vidart hizo hincapié en los beneficios que la nueva normativa va a traer, ya que se trata de “una ley que va a perdurar en el tiempo, fruto del consenso de muchas organizaciones políticas y que ha salido adelante debido a la necesidad de trasponer dos directivas europeas”.

Entre sus ventajas, el representante del Gobierno regional apuntó al aumento de la transparencia y a un mayor acceso de las pymes a los concursos públicos, debido a la obligatoriedad de dividir en lotes el objeto de los mismos. Además, señaló la posibilidad de utilizar la contratación como “instrumento social”, al exigir contratar con empresas que tengan criterios adecuados tanto sociales como medioambientales.

En esta línea, Lucía Campos destacó igualmente la simplificación de trámites y la agilización de procedimientos, la posibilidad de utilizar la contratación pública como “palanca” para llevar a cabo otras políticas públicas, así como la profesionalización de la contratación  por parte de todas las organizaciones del sector.

En este contexto, Elena Hernáez incidió en la necesidad de profesionalización por parte de las administraciones públicas y los poderes adjudicadores y de especialización con respecto al mercado. Asimismo, afirmó que la contratación pública “tiene que tener un carácter eficiente y ser estratégica”, además de “generadora de cambios empresariales e, incluso, culturales dentro de la propia opinión pública”.

Los contras

Begoña Fernández fue la encargada de realizar una crítica constructiva de la nueva ley y de hablar de sus desventajas, entre las que destacó el nivel de complejidad del texto. “La ley obliga a los gestores públicos a llevar un proceso de implementación de la ley muy complejo. Se trata de una ley extensa, descompensada, que no codifica y que incorpora disposiciones adicionales que deberían de haberse incorporado dentro del articulado”, explicó.

Fernández insistió en que éstas son cuestiones mejorables. Nos obstante, se refirió también a la parte positiva de la ley, como la consecución a través de la misma de las trasposición de dos directivas comunitarias, así como la incorporación de cláusulas sociales y el carácter estratégico de la norma. “La contratación estratégica ha venido para quedarse con la incorporación de criterios sociales, medioambientales y de innovación”, dijo.

De la misma manera, apuntó que “la relación calidad precio empieza a ser preponderante a la hora de diseñar los contratos”. “Vamos a obligar a los sectores económicos a que diseñen sus ofertas teniendo en cuenta de que para la Administración el precio ya no va a ser lo importante, porque al final lo barato termina por salir caro”, concluyó.

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