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ARTÍCULO TÉCNICO

Ley de Contratos del Sector Público: un hito histórico en materia de morosidad

15/01/2018 - Antoni Cañete, presidente de la PMcM
No ha sido fácil, pero el trabajo ha dado buen resultado. Tras un año de demora y con tramitación de urgencia en el Congreso de los Diputados, el BOE publicó el pasado 9 de noviembre la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Ley de Contratos del Sector Público.

Se trata de una normativa histórica en nuestro país que, sin duda, marcará un punto de inflexión en el comportamiento de muchas administraciones públicas y contratistas de cara a afrontar sus obligaciones de pago.

La nueva Ley, que entrará en vigor el próximo mes de marzo de 2018, se esfuerza en terminar con la ambigüedad en la interpretación de los plazos de pago de los proveedores de las administraciones y entidades públicas, independientemente de su ámbito local, autonómico y estatal.

Los contratos públicos suponen en España alrededor de un 20% del PIB. Afectan, por tanto, a miles de empresas, muchas de ellas pymes y autónomos, por lo que, su trascendencia económica es fundamental para garantizar el futuro de sus negocios. Constituyen además un primer eslabón de una cadena de actividades que involucra a una parte sustancial del tejido productivo español. Así, una dilación en los plazos de pago de los primeros puntos, generalmente grandes contratistas, afecta en cascada a ulteriores subcontratistas, cuya debilidad económica y escaso margen de negociación es más patente a medida que nos alejamos del contratista principal. Por este motivo, era fundamental asegurar una ‘buena’ ley.

El proceso de definición y concreción del texto normativo no ha sido fácil. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) nos complace reconocer que todo el esfuerzo por proteger los derechos e intereses de muchas pymes ha dado finalmente sus frutos. En este sentido, ha sido clave conocer los plazos de pago reales de los organismos públicos, así como las demoras a la hora de abonar las facturas de sus grandes contratistas. Gracias a la abundante información elaborada por la PMcM y trasladada a todos los grupos políticos, se ha reconocido la necesidad de dar paso a una nueva etapa en materia de plazos de pago, centrada en proteger especialmente a los proveedores más vulnerables de la Administración pública, como las pymes y los autónomos.

Y no podemos estar más orgullosos, ya que todas las propuestas de la PMcM para salvar imprecisiones y dotar a la contratación pública de una mayor transparencia y trazabilidad han sido incluidas en el texto final.

Adaptación europea

La Ley de Contratos del Sector Público incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la legislación comunitaria de revisión y modernización de las normas sobre contratación pública. El objetivo es incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pymes en la contratación pública. Igualmente, la normativa contempla que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

Inicialmente, el Proyecto de Ley incluía una serie de artículos que podían poner en riesgo los avances logrados en materia de plazos de pago en las Administraciones públicas, debido a la ambigüedad en algunos puntos y por obviar las mejoras propuestas por la Directiva Europea.

A lo largo de su tramitación –primero en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado– la norma ha ido incorporando las propuestas planteadas por PMcM, que fueron impulsadas por los grupos parlamentarios, en formato de enmiendas. Todas las propuestas de la PMcM, apoyadas por miles de asociaciones, empresas y autónomos,  lograron introducirse en el texto definitivo de la normativa, en un entorno de amplio consenso político: todos los grupos políticos participaron activamente en mejorar la Ley.

Puede acceder al articulo completo en este enlace.

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