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ARTÍCULO TÉCNICO

Remunicipalización e internalización de servicios. Exigir responsabilidades

16/01/2018 - Juan Díez de los Ríos, presidente de ASPEL
No se puede tratar de escribir algo sobre este asunto sin decir que se ha publicado un libro (cuya foto de portada incluimos) escrito por Ramón Tamames, Valeriano Gómez, Jesús Sánchez Lambás, Ramiro Aurín y Lorenzo Dávila con este título: “Re municipalización ¿ciudades sin futuro?”.
Portada del libro: "Re municipalización ¿ciudades sin futuro?

El libro, cuyo editor es Carlos Díaz Güell, se lo recomiendo a todos los que quieran ahondar en este debate. Estos autores han presentado su libro, y además, en los últimos tres meses, he tenido la suerte de asistir a tres conferencias promovidas por asociaciones de empresas que trabajan como nosotros en proveer servicios y han tenido de ponentes a estos ilustrados y conocedores autores; cada ponencia siempre ponía el acento en preguntarse la razón de por qué en este año se volvía a debatir: ¿Por qué un partido político abandera volver a la gestión directa de los servicios que presta la Administración a los ciudadanos?

Hay que decir alto y claro que cuando lo consiguieron nunca superaron el test de la eficiencia en su gestión, y plantean revertir los servicios de limpieza y se asevera que están privatizados, cuando lo cierto es que están muy legalmente y eficientemente contratados con una empresa especializada.

Desde nuestros maestros griegos, siempre es bueno empezar por reflexionar sobre dos definiciones:

1) ‘Eficacia’ es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado.

2) En cambio, ‘Eficiencia’ es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible.

Debemos exigir a nuestros gobernantes y debiera ser por ley: eficiencia en el gasto y lograr la máxima eficacia en su gestión.

¿Estamos al inicio de un cambio de tendencia o cambio de ciclo que nos lleve a un cambio en la contratación pública de los servicios?

¿Vamos a migrar  de un predominio de la gestión indirecta (más del 85% en 2016) a la gestión directa  de las Administraciones, con especial repercusión en las locales, diputaciones y mancomunidades?

¿Vamos a necesitar volver a realizar un ‘contrargumentario’ y contestar ahora de nuevo a estas preguntas en este nuevo siglo XXI, sobre  lo que ya fue un fracaso en el XX?

Así lo establece el artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, donde se dispone que “los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. Y tienen que realizar una memoria con todos los datos.

Por todo ello, se hace necesario ‘desmitificar’ la ideología de primacía de lo público con argumentos que rebatan dicha ideología. Sin embargo, se está abriendo el debate en torno a esta cuestión, y de la conveniencia sobre la forma en la que se están gestionando los servicios con la aureola de ser más sociales, mantenemos el empleo y ahorramos en el presupuesto; creamos unas empresas sólo públicas. Eso mismo es algo que ya se planteó en los años 80 y 90 (ver las hemerotecas) y entonces no se logró la pretendida eficiencia (uso adecuado de recursos), cayó la productividad, aumentó el absentismo, crecieron de forma exuberante las plantillas de esas empresas públicas tan  ‘eficientes’,  la especialización bajó y se cargó a la Administración con los abultados costes de gestión; en definitiva, lo pagaron los ciudadanos. ¿Y esto cómo se puede demostrar? Solo vemos dos formas de sentido común: primera, estableciendo públicamente un caso de negocio donde se analice todo y se vean sus derivadas futuras y, la segunda, aprovechar la recién creada Oficina Independiente de Regulación y Supervisión (art.332 de LCSP), que sea capaz de realizar un seguimiento del contrato tanto si es por gestión directa (internalizar) o gestión indirecta (contratar a una empresa especializada), y tener después los resultados y poder hablar y no hacer demagogia con la privatización, que es contratación. Esto además del Tribunal de Cuentas y de la memoria que hay que presentar.

Al contrario del objetivo de descargar a la Administración de labores que no son su ‘cometido de gestionar lo público’, y a pesar de esas voces que creen que innovan con giros sociales, hay aún un amplio apoyo a la industria de los servicios en toda la sociedad. En nuestra opinión, el debate está en lo político e ideológico, es temporal y coyuntural, y casi todos los factores de eficiencia tanto organizativa como económica en este siglo XXI deben introducirse en este debate y así se verá que no hay razones para que se genere, claro está excepto por los políticos y sus eslóganes.

España es un país de servicios, más del 68% del PIB es servicios (680.000 millones de euros). El sector de la limpieza representa un 1,05% de ese PIB de servicios (más de 7.000 millones de euros). Durante los últimos treinta años la contratación a empresas especializadas del servicio de limpieza y aseo diario alcanzó un 80%, quedando aún el 20% en manos digamos ‘internas’, nuestro país llegaba a unirse a los grandes de Europa en el servicio básico de la limpieza en la ‘externalización’. Y ahora entramos a debatir la colaboración público-privada en el seno de la Administración local.

Puede acceder al artículo completo en este enlace.

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