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ARTÍCULO TÉCNICO

Comercialización y utilización de precursores de explosivos

08/05/2019 - José Luis Martín Baltanás, capitán de la Guardia Civil. Jefe de Servicio del Área de Precursores del CITCO
La entrada en vigor del Reglamento (UE) 98/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero, sobre la comercialización y utilización de precursores de explosivos, fue la primera herramienta utilizada en el marco comunitario para restringir al público en general la posesión de sustancias potencialmente peligrosas para la fabricación de artefactos explosivos caseros, los conocidos como IED´s, cuyo uso por elementos terroristas han dejado una profunda huella en Europa.

Sirva como ejemplo los atentados de 2005 en Londres, con más de 50 muertos; los 34 muertos y más de 130 heridos en los perpetrados en Bruselas en 2016; o más recientemente en verano del año 2017, donde tras la explosión en una casa en Alcanar (Tarragona), se constató que la célula terrorista, responsable posteriormente de los atentados de Barcelona y Cambrils, había conseguido fabricar una gran cantidad de explosivos, partiendo de los precursores adquiridos en comercios cercanos.

Para dificultar la fabricación ilícita de explosivos a través del acceso a sus precursores, se fijaron unos límites de concentración respecto a determinadas sustancias, garantizándose su libre circulación por debajo de esos límites, pero restringiéndose a los particulares en caso de superarlos (sustancias incluidas en el Anexo I del citado Reglamento denominadas también precursores de explosivos restringidos).

Por otro lado, se clasificaron las sustancias del Anexo II, de un uso más habitual, para las que no es necesario estar en posesión de una licencia, pero sí están sujetas a comunicación de transacciones sospechosas.

Para la transposición a nuestro país del Reglamento europeo, se aprobó la Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos, que permite a los particulares la adquisición, tenencia y uso de los precursores de explosivos si están en posesión de una licencia.

Esta ley regula la forma y requisitos para obtenerla, basados en la fiabilidad del solicitante y la necesidad real del uso de las sustancias fuera del ámbito profesional.

Por otro lado, obliga a los operadores económicos a llevar un registro interno de las transacciones con los precursores, a comunicar los robos y las transacciones sospechosas de las que tengan conocimiento, para finalmente regular el procedimiento sancionador de los incumplimientos a lo dispuesto en el reglamento comunitario.

Los operadores económicos deberán comunicar a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo de 48 horas, cualquier transacción o intento de transacción considerada sospechosa, debiendo conservar la documentación relativa a esas operaciones comerciales durante 5 años.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 20 de noviembre de 2013, se designó al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) “punto de contacto nacional para la comunicación de transacciones sospechosas, desapariciones y robos de sustancias o mezclas susceptibles de utilizarse de forma indebida para la fabricación ilícita de explosivos”.

Este centro viene desarrollando desde entonces una serie de iniciativas tendentes a facilitar a los operadores económicos y a los particulares que lo soliciten, la información suficiente para poder comercializar, poseer y utilizar las sustancias fiscalizadas. Entre estas iniciativas destaca la asignación de un número telefónico (91 537 27 66), al que poder comunicar en cualquier momento transacciones sospechosas de las que tengan conocimiento, así como un correo electrónico (precursores@interior.es), donde dirigir cualquier gestión relacionada con los precursores de explosivos.

Haciéndonos eco de las dificultades originadas por la implementación de una nueva normativa, que genera en algunos casos restricciones al comercio de determinados productos, que venían siendo utilizados sin control alguno, se ha incrementado una relación permanente y fluida con el sector privado, recogiendo sus inquietudes y ayudando en lo posible a poner en conocimiento de aquel sector, asociación, confederación o grupo empresarial que lo solicita, las disquisiciones de la nueva normativa.

Fruto de esa colaboración entre las asociaciones más representativas del sector privado y la Secretaría de Estado de Seguridad, se ha firmado con la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), un “Protocolo General de Colaboración Voluntaria contra el Desvío de Sustancias Químicas no Fiscalizadas, susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de explosivos”.

Del mismo modo, y con el ánimo de poner en conocimiento de la empresa privada la nueva normativa nacional y comunitaria, durante el pasado año y con la intención de continuar con las mismas de manera indefinida siempre que sea demandado, se han organizado una serie de jornadas a lo largo del territorio nacional, contando con la inestimable ayuda de FEIQUE y el apoyo logístico de diversas organizaciones empresariales como CEOE, CEG, CEA, CECALE, etc.

Se impartieron ponencias en Almería, Barcelona (2), Madrid (3), Mérida, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia (2) y Valladolid. Las charlas versaron sobre la normativa nacional y comunitaria que regula el control de los precursores de explosivos, las licencias que deben obtener los particulares que deseen utilizar estos productos, el registro de operaciones que deben llevar aquellos operadores comerciales que vendan estos productos y todo lo relativo a la identificación de las transacciones sospechosas, asunto de vital trascendencia a la hora de evitar la adquisición para fines ilegales de los productos fiscalizados. Igualmente hemos sido requeridos por otras asociaciones como FENPYD, ADELMA, STAMPA y varias cooperativas para impartir ponencias a sus asociados.

Dada la dificultad de identificar a todos los establecimientos que de algún modo u otro comercializan estos productos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, están desarrollando una campaña de identificación de estas empresas, en la que se les facilita información básica sobre los condicionantes que conllevan la comercialización y uso de los precursores.

Aunque se estima que esta labor de identificación e información perdurará en el tiempo, las empresas ya están recibiendo la visita de personal especializado de ambos Cuerpos con el objetivo prioritario, como ya se ha dicho anteriormente, de evitar en todo lo posible poner en manos no deseadas estos productos tan sensibles.

Como continuación y complemento a la campaña de información desarrollada por el CITCO, este año comenzarán a realizarse inspecciones a los operadores económicos y particulares autorizados que realicen cualquier actividad con los precursores, en las que se incidirá en el control de la documentación comercial y administrativa que deben poseer y mantener en el Registro, recalcando todo lo relativo a la comunicación de los robos y desapariciones de estas sustancias y el control de aquellas transacciones sospechosas que estén en la obligación de comunicar.

Cabe destacar que el régimen sancionador prevé la imposición de multas muy altas en caso de observarse incumplimientos a la normativa que conlleven riesgos y peligros graves, pudiendo alcanzar los 60.000 euros, y si se trata de particulares hasta los 30.000 euros.

La normativa también permite la adopción de medidas provisionales, conforme a la naturaleza y gravedad de la infracción, pudiendo consistir estas medidas en la intervención de los precursores, la suspensión de las actividades con estas sustancias o la suspensión y retirada preventiva de las licencias a particulares.

A modo de conclusión, se quiere poner de manifiesto que nos encontramos ante un escenario relativamente nuevo para todos los actores implicados en el ámbito de los precursores de explosivos, donde una falta de rigor en el control de los mismos podría desencadenar sucesos tan trágicos como los que desgraciadamente ya hemos vivido.

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