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OPINIÓN

El Tribunal Supremo dinamita la subrogación en las contratas de limpieza

13/03/2019 - Jesús Martín, presidente de AELMA
El sector de la limpieza ha sufrido recientemente un varapalo jurídico, con el que ni contábamos ni siquiera éramos capaces de imaginar, que deja al conjunto del sector en una situación preocupante y a los potenciales clientes en una postura de cautela continua.

La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2018, que asume la fundamentación de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de julio de 2018, ha estimado que los casos de subrogación, contemplada ésta en nuestro Convenio Colectivo, se rigen ahora por la aplicación de la sucesión legal regulada en el Estatuto de los Trabajadores para la transmisión de empresas (artículo 44). Esto quiere decir que en el caso de que se produzca una subrogación de trabajadores, no solo se traspasa el personal sino también las posibles deudas que la empresa saliente haya contraído con Hacienda, la Seguridad Social o los mismos trabajadores.

Esta sentencia afecta a 18.000 empresas de toda España y a 381 trabajadores en el conjunto del Estado, pero también atañe a otros sectores cuya actividad descansa esencialmente en la mano de obra. Es el caso del Contact Center, jardinería y los servicios de seguridad y vigilancia, principalmente.

No es la primera vez que el Tribunal Europeo cambia la doctrina del Tribunal Supremo en determinadas materias que se creían cerradas en España, como es el caso de la retribución de las vacaciones o el cómputo de la jornada. Pero sí es la primera vez que el mayor órgano jurisprudencial europeo se pronuncia de una forma tan poco equilibrada para los intereses empresariales. Quizás la comparación parezca demasiado simplista, aunque resulta bastante ejemplificadora, pero es como si el último en incorporarse a una comida de amigos pagase la comida de todos.

Nuestro sector está muy complicado de por sí y esta decisión pone la puntilla a la difícil situación empresarial por la que atraviesa nuestra actividad, con problemas económicos acuciantes y con decisiones que entorpecen el crecimiento de las pymes. Este escenario deja en una posición muy compleja no solo a las compañías del sector, que tienen que asumir las deudas adquiridas por otra empresa, sino también a los clientes a los que se les esté prestando el servicio. En estas circunstancias será muy poco probable que nuevas compañías quieran asumir este tipo de contratas por el riesgo económico que conllevan, dando lugar a situaciones muy complicadas.

Así pues, en AELMA hemos creado una Comisión de Estudio para valorar la hoja de ruta que vamos a seguir y establecer los cauces necesarios para incitar a las instituciones judiciales españolas y europeas al revocamiento de la norma. Esperemos que los tribunales no desoigan nuestras demandas y mantengan una visión más justa y equilibrada que la que han demostrado con esta polémica decisión que, estoy seguro, va a dar mucho que hablar en los próximos meses.

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