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ARTÍCULO TÉCNICO

La contratación pública de los Servicios de Control de Plagas

11/03/2015 - Milagros Fernández de Lezeta, directora general de ANECPLA
En los últimos años, ciertas plagas han mostrado gran capacidad de adaptación al medio urbano generando nuevos problemas de cohabitación y, en algunos casos, riesgos probados para la salud.

En los últimos años, ciertas plagas han mostrado gran capacidad de adaptación al medio urbano generando nuevos problemas de cohabitación y, en algunos casos, riesgos probados para la salud. El cambio climático, con inviernos cada vez más templados y ciclos reproductivos más cortos, así como el tráfico internacional de mercancías y de personas, se suman ahora a los tradicionales factores que contribuyen a la expansión de estas especies. 

Los insectos y roedores que residen en el entorno urbano son portadores de microorganismos patógenos en su piel, patas y aparato digestivo, que luego depositarán como agentes infecciosos sobre alimentos y utensilios que ingerimos y utilizamos en nuestro día a día, por lo que son contaminantes potenciales y transmisores de enfermedades. Provocan, además, enormes pérdidas económicas si no son controladas a tiempo y por el personal cualificado. Así, por ejemplo, los daños producidos por roedores en las estructuras de los edificios, instalaciones eléctricas, alcantarillados, etc., pueden dar lugar a grandes averías y provocar situaciones de peligro como cortocircuitos, atascos en los desagües o averías en sistemas informáticos.

Las administraciones públicas pueden atajar esta problemática mediante la contratación de los servicios de empresas externas que lleven a cabo el control de estas plagas. La clave está en actuar no solo cuando la plaga es ya una realidad, sino aplicando acciones preventivas. Sin embargo, debido a la delicada situación económica que atravesamos desde hace unos años y a pesar de haberse incrementado la tendencia a la contratación externa de los servicios de control de plagas, se ha tendido a dar cada vez menos importancia a este aspecto, así como a los criterios técnicos y de calidad a la hora de contratar los citados servicios, siendo éstos los que garantizan su efectividad y aseguran el respeto al medio ambiente y el cuidado de la salud pública. 

Además, los responsables de higiene de las instalaciones del sector público encuentran, a menudo, dificultades para redactar los concursos, presupuestarlos y/o puntuarlos y adjudicar las ofertas recibidas. Así, con el objetivo de ofrecer a la Administración una nueva herramienta que les facilite esta tarea y puedan seleccionar el servicio más adecuado, la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA) ha editado una “Guía Para la Elaboración de Pliegos Para la Contratación Pública de Servicios de Control de Plagas”, que ha sido elaborada por un grupo de expertos integrado tanto por técnicos de empresas de servicios de control de plagas, como por técnicos de la administración local. 

Roedores y cucarachas

El documento se centra en las plagas más comunes a las que deben hacer frente las administraciones públicas, que son las cucarachas y los roedores; aunque la idea es que se vayan incorporando a ellas otras especies que puedan suponer un problema en los municipios y que estén proliferando en el ámbito urbano, como puede ser el caso de hormigas o véspidos y ápidos.

Respecto a las cucarachas y roedores, se destaca la importancia de aplicar medidas de prevención para evitar su presencia. Así, por ejemplo, conviene gestionar cuidadosamente los residuos, ser prudente en el uso del agua en fuentes, ya que los encharcamientos pueden favorecer su proliferación, limpiar frecuentemente la acumulación de hojas y otros materiales en exteriores que puedan servir de refugio, etc. 

En el caso de las edificaciones es fundamental establecer barreras que impidan la entrada de estas especies: sellar grietas, asegurar el hermetismo de ventanas y puertas, así como el adecuado funcionamiento del sistema de saneamiento interno.

Aspectos a tener en cuenta

Ninguna ciudad o municipio está libre de plagas y aunque cada situación local es diferente y debe ser gestionada como tal, la guía recoge algunos factores que son comunes e influyen en todos los casos. Las administraciones públicas deben conocerlos y tenerlos en cuenta de cara al diseño de los planes de actuación y antes de elaborar los pliegos. Son los siguientes: 

  • Climatología.
  • Planificación urbanística. En ocasiones, el diseño y la estética de las instalaciones no tiene en cuenta estos factores, lo que facilita la posterior aparición de problemas con plagas, en especial, la existencia de puntos de agua y fuentes de alimentación incontrolados.
  • Diseño y mantenimiento de edificaciones e instalaciones públicas y/o privadas. Espacios de difícil acceso o el inadecuado mantenimiento de las edificaciones, puede generar oportunidades de refugio y proliferación de determinadas especies. 
  • Normativa. Muchas cuestiones legal-administrativas pueden afectar a las competencias de diferentes administraciones.
  • Percepción pública de las plagas. Conocer la opinión ciudadana a través de la gestión de avisos y la realización de encuestas puede ser valioso de cara a una mejor planificación. 
  • Estado y disponibilidad de otros recursos humanos y materiales, incluidos aquellos relacionados con el procesado y evaluación de los datos. 

Además de los aspectos generales, la guía apunta otros aspectos concretos que también deben contemplarse para la correcta elaboración de un pliego de prescripciones y posterior supervisión del contrato:

  • Duración del contrato. Los concursos deben realizarse por un periodo mínimo de dos años para asegurar el seguimiento.
  • Organización interna. Es importante que la Administración licitante tenga centralizadas todas las competencias sobre el control de plagas en el mismo departamento. 
  • Precio de licitación. Debe ser el resultado de un estudio de viabilidad económica.
  • Definir claramente las especies sometidas a control y los lugares de actuación.

Valoración y exclusión

El texto destaca que en cualquier licitación pública deben establecerse una serie de criterios generales que van a ser la base para poder valorar los proyectos presentados y determinar la empresa adjudicataria. En cuanto al peso específico que cada apartado va a tener en esa valoración, éste se puede valorar de muchas formas, aunque en la guía se recomienda, por la claridad que aporta, que se valore el total sobre 100, ya sea en porcentaje o en puntos. 

Los criterios pueden ser de dos tipos: juicios de valor y automáticos. Los primeros están integrados por el proyecto técnico y son subjetivos, por lo que van a depender del buen criterio y los conocimientos de los técnicos que los valoren. Por su parte, los segundos están integrados por la propuesta económica y otros criterios de valoración, y al ser automáticos solo se consigue la puntuación de cada apartado si se cumple o no con la totalidad de los requisitos indicados en cada uno de ellos.

Respecto a los criterios de exclusión que conviene fijar previamente en el pliego, la guía destaca algunos como no estar inscrito en el epígrafe correspondiente del Registro Oficial de Establecimiento de Servicios Plaguicidas/Biocidas de la correspondiente comunidad autónoma, que el personal técnico no esté en posesión de la acreditación correspondiente (cursos, certificados de profesionalidad, etc.), o que los productos utilizados no estén registrados en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entre otros.

La Administración Pública

Aunque la valoración económica siempre ha sido uno de los criterios más importantes a la hora de adjudicar los concursos públicos, en los últimos años y en la mayor parte de los casos, el presupuesto ha sido el único parámetro que se ha tenido en cuenta en la adjudicación de los concursos públicos. Esto ha producido un aumento de las bajas temerarias y un deterioro de la calidad de los servicios.

Por otra parte, la tendencia por parte de la Administración Pública a agrupar, en un mismo concurso, servicios dispares entre sí, fomenta la aparición de licitadores con escasa especialización, sobre todo en servicios que, como el control de plagas, legionella, etc., requieren gran solvencia técnica.

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