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NOTICIA Modernización de la política de contratación pública de la UE

El sector participa en el periodo de consulta sobre la propuesta de directiva

06/11/2012 - L.D.G.
Como parte de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, Europa busca llevar a cabo una serie de reformas.

 La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador se basa en tres prioridades: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación; promoción de una economía con pocas emisiones de carbono, que haga un uso más eficaz de los recursos y que sea competitiva; y fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. Europa busca llevar a cabo una serie de reformas, entre ellas en las normas por las que se rige el sistema de contratación pública.

Por este motivo, el Parlamento y el Consejo Europeo han elaborado una propuesta de directiva relativa a la contratación pública. Ante la importancia que tiene la contratación de la Administración en numerosos sectores, se abrió un periodo de consultas de partes interesadas con gran repercusión. Por parte del sector de la limpieza e higiene profesional la Federación Europea del sector de la limpieza (EFCI en sus siglas en inglés) ofreció su postura sobre algunos puntos de la propuesta COM (2011) 896 final de 20 de diciembre de 2011, junto a los representantes del sector de la seguridad privada (UNI Europa/CoESS, representante del sector en sus siglas en inglés) y del sector del catering (EFFAT/FERCO, representante del sector en sus siglas en inglés). La EFCI como un agente social que busca, entre otros, promocionar la profesionalización del sector y mejorar su imagen, resalta, en particular, cuatro áreas que a su juicio deben matizar notablemente. Éstas son el artículo 66 sobre “criterios de adjudicación del contrato”; el artículo 69 sobre “ofertas anormalmente bajas”; artículo 84 sobre “Supervisión Pública”; y el artículo 33 sobre “subastas electrónicas”.

Puntualizaciones

Respecto a los criterios para decidir quién será el adjudicatario del contrato, los tres sectores aprueban algunos de los cambios introducidos en la proposición de la Comisión Europea, sin embargo no pueden aceptar la introducción del ‘precio más bajo’ como condicionamiento. Estos sectores han propuesto eliminar este criterio y tan sólo mantenerse el concepto ya existente de “oferta más económicamente ventajosa”. Andreas Lill, director de EFCI, nos explica que “utilizar el concepto del ‘precio más bajo’ supone un problema para las empresas del sector. Porque si aceptan esta condición tendrán que dejar de cumplir algunas obligaciones legales: no pagar salarios o reducirlos, incumplir el contrato o no pagar impuestos”. El problema es el alto coste laboral y de personal con el que cuentan estos sectores. “Algunas veces es preferible pagar algo más pero estar seguros de que el servicio es bueno, y de que los empleados trabajan en las condiciones correctas, porque influirá en la calidad”, añade. Desde la federación abogan por que los criterios de calidad, creación de empleo, responsabilidad social corporativa, etc., también tengan un peso importante.

Por otro lado, se considera positivo que la Comisión proponga métodos más trasparentes para indentificar las ofertas sospechosamente bajas. De hecho los sectores aplauden que se garantice la competición equitativa. “La contratación pública supone el 40% del volumen de negocio de las compañías de estos tres sectores”, explica Andreas Lill, De ahí la importancia de controlar cómo se desarrollan los concursos. Los representantes de estos tres sectores critican las disposiciones vigentes que obligan a los licitadores a justificar el precio sólo cuando éste es inferior al 50% de la media de las ofertas restantes. Y explican que este umbral debe ser reducido considerablemente. Como señala Andres Lill, “el coste laboral alcanza el 80 o 90 por ciento de estos sectores” por lo que si la oferta tiene un precio muy bajo el impacto en los costes de los empleados será directo.

El monitoreo constante del funcionamiento de las normas de contratación pública y los resultados extraídos pueden jugar un papel crucial en la simplificación de los trámites y facilitar la inclusión de los aspectos sociales y ambientales como se pretende con la estrategia 2020, y los tres sectores están de acuerdo. Creen que las disposiciones del apartado sobre “Supervisión pública” no deberían ser obligatorias pero sí ser más proactivas a la hora de promocionar el desarrollo sostenible.En cuanto al artículo 33 sobre “Subastas electrónicas”, un método que se está usando en muchos países miembro de la Unión Europea para la adjudicación de contratos públicos, según los agentes sociales que representan en Europa a los tres sectores antes mencionados, “este método puede ser adecuado para la obtención de productos, pero no es la forma correcta para la adquisición de servicios”. E insisten en que, bajo su experiencia, este sistema ofrece “una subasta basada exclusivamente en la reducción de los precios”. Este método hace que el servicio de limpieza baje en calidad, y los clientes no pueden ver la innovación, la flexibilidad, el respeto por las leyes sociales y laborales. Desde la federación explican que es necesario para la concesión encontrar una mejor forma para evaluar el servicio y piden “excluir el uso de las subastas para los contratos del servicio de limpieza”.

Existe otro punto polémico para la Federación Europea de empresas de limpieza, se trata del que concierne a la división en lotes de los contratos. Por un lado, la federación entiende que la directiva debe ser neutral en este asunto y que, en caso de que se deba adoptar esta licitación, deben ser las autoridades nacionales competentes las que estudien caso por caso y lo decidan en función de las normas vigentes nacionales, la complejidad del proyecto y de la cualificación o las capacidades del órgano de contratación. Insisten en que debería justificarse la división en lotes o la licitación en un único contrato. Además, explican que el valor de un contrato público de limpieza debería ser al menos de un millón de euros, pues un servicio de estas características siempre tiene unos gastos básicos que se pueden evaluar fácilmente en varios millones de euros.

No obstante, el director de EFCI, reconoce la existencia de otros grupos que sí comprenden estas disposiciones, “que prefieren el criterio del precio”.  La versión definitiva se espera que se conozca y sea aprobada en el primer trimestre de 2013.

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