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NOTICIA Recomendaciones a los órganos de contratación en relación con la aplicación de las nuevas directivas de contratación pública

El texto elaborado por la Junta Consultiva pretende ser una guía de aplicación

24/11/2016 - Por Leticia Duque
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en el ejercicio de sus funciones ha considerado oportuno adoptar una Recomendación sobre la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 de determinados aspectos de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de idéntica fecha, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/23/UE.

El 26 de febrero de 2014 se aprobó en el seno de la Unión Europea un nuevo paquete de Directivas en materia de contratación, a las que hemos hecho referencia anteriormente, cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 18 de abril de 2016; en el caso de España no ha resultado posible la completa transposición de las mismas en el plazo previsto, a pesar de haberse iniciado los trabajos propios para tal efecto, incluso antes de la aprobación final de las Directivas. Cierto es que la disolución de las Cortes Generales en octubre de 2015, debido a la celebración de elecciones generales el 20 de diciembre del mismo año, imposibilitó el realizar la tramitación parlamentaria de las nuevas leyes que incorporaban las Directivas, tras haberse completado su compleja elaboración y tramitación administrativa. 

Aunque si bien, sí ha sido posible incorporar puntualmente a través de distintas leyes determinados preceptos de las Directivas citadas en el vigente Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 

Siendo así, a partir del 18 de abril de 2016 se ha producido el denominado “efecto directo” de distintos aspectos de las Directivas citadas. 

Así pues, las Recomendaciones a las que hacemos alusión recogen la regulación de los aspectos generales de la contratación pública. Sus pretensiones no son otras que focalizarse en cuestiones “muy tasadas respecto de las que se dilucidará, en base a su efecto directo, los cambios que supondrán para los órganos de contratación a partir de la fecha indicada”. 

Ante su imposibilidad de pormenorizar todos los aspectos de las nuevas directivas que pudieran estar afectados por el citado efecto directo, tan solo se abordan determinados aspectos esenciales, como la consideración de los contratos sujetos a regulación armonizada; la publicidad; o los plazos para presentar ofertas o para enviar invitaciones de participación. Las Recomendaciones son de carácter no vinculante para los órganos de contratación, y se ha aprobado con el ánimo de servir de guía de aplicación uniforme.

Puede consultarlo en este enlace.

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