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NOTICIA

Las empresas privadas comienzan a cumplir la nueva Ley de Morosidad

10/04/2011 - Almudena Ruiz
El sector privado está empezando a cumplir los plazos de pago establecidos en la Ley 15/2010 de lucha contra la Morosidad. Así se desprende del estudio llevado a cabo por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) a partir de los datos registrados por 800 de sus empresas adheridas, -el 96% de ellas son pymes-.

Según el informe, el plazo medio de cobro que se pactó en 2010 fue de 75 días, aunque esta transacción no se hizo efectiva hasta los 93 días de promedio. A pesar de que este plazo se encuentra aún por encima del fijado en la Ley de Morosidad (85 días en 2011), las cifras muestran una evolución favorable, pues en 2009 el plazo medio concretado ascendía a 77 días y el real a los 101.“Esta bajada es muy importante porque, en primer lugar, impone una tendencia a seguir y, en segundo, ha supuesto una inyección de liquidez al sistema de 1.800 millones de euros”, señaló el presidente de la PMcM, Rafael Barón, durante la presentación del informe.Barón aclaró que, por el tipo de materia que regula, la Ley de Morosidad no va a producir resultados inmediatos; de hecho, muchas de las realidades que muestra el estudio provienen de situaciones anteriores a la aprobación de la norma. Por ello, insistió en que estos primeros datos son “tremendamente positivos” y destacó la labor que está realizando la plataforma para conseguir que la ley se cumpla.

El sector público, a peor

Sin embargo, esta tendencia a la baja no se ha registrado en el caso del sector público. Las compañías que realizaron operaciones comerciales con la Administración pactaron en 2010 un plazo de cobro medio de 85 días, 14 menos que en 2009, pero el cobro no se hizo realmente efectivo hasta los 157 días de media, lo que supone incluso un aumento de tres días respecto al año anterior. El sector público, por tanto, arroja datos mucho peores que el privado, a pesar de que la Ley de Morosidad exige a las empresas públicas pagar en un plazo considerablemente menor (50 días en 2011) que a las privadas. Y es la administración local la que menos cumple sus compromisos de pago, manteniendo una deuda con sus proveedores que oscila entre los 30 y los 33 millones de euros, según Barón.Para el presidente de la PMcM, esto es “un cáncer” para la economía española. “La Administración pública aún no se ha convencido de que debe dejar de financiarse a través de las empresas y empezar a hacer frente a sus compromisos de pago”, afirmó. Barón considera que las compañías privadas se han convertido en financiadoras de la economía, pues, al no cobrar puntualmente por sus servicios, “están realizando préstamos obligatorios y, además, sin intereses, a diferencia de lo que ocurre con los bancos”, apostilló.Con respecto a esto último, el 48% de las empresas encuestadas reconoce que “nunca” exige el pago de intereses por la demora en el cumplimiento, junto con el 30% que dice no hacerlo “casi nunca”.

Ligera bajada de la morosidad

El estudio muestra también la evolución del ratio medio de morosidad, que ha subido del 5,0% en 2009 al 5,1% en 2010. La tasa contrasta con la media europea, que se sitúa en el 2,6%.La morosidad es, por tanto, un problema que “nos separa mucho de la forma de trabajar en la UE, en nuestros países competidores”, advirtió el presidente de la plataforma. “La competitividad no se logra mediante leyes, sino con la adecuación del marco en el que estamos actuando, a lo que se hace en los países con los que competimos –comentó–; los plazos de pago son un parámetro muy importante”.Por sectores, el ratio de morosidad más alto se registra en la construcción (8,8%), seguida por el sector servicios (3,5%) y la industria (2,2%). Si se agrupa la actividad industrial y de servicios, arrojan una tasa del 2,8%, una cifra muy cercana al 2,6% de la media europea, por lo que en la economía española “el gran problema de morosidad viene dado por la construcción”, en palabras de Barón.

Próximas actuaciones

La Ley 15/2010, que entró en vigor el 5 de julio del año pasado, vino a modificar la Ley 3/2004, que establecía medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y por la cual se incorporó a nuestro derecho interno la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.La nueva ley es más restrictiva que la primera y se ha avanzado mucho en la cuestión del acuerdo entre las partes. No obstante, carece de régimen sancionador, lo que, según el presidente de la PMcM, puede motivar su incumplimiento. Por ello, la plataforma está trabajando en la elaboración de un proyecto de régimen sancionador, que trasladará a las autoridades competentes “cuando se den las condiciones propicias”, tal y como informó Rafael Barón durante la presentación del informe sobre la morosidad.La PMcM ha realizado, en opinión de su presidente, una importante labor en cuanto a la difusión de la norma. Mientras que en 2009 tan solo el 44% de las empresas conocía la Ley de Morosidad, entonces en vigor (la Ley 3/2004); en 2010 el 93% de ellas estaban al corriente de lo establecido en la Ley 15/2010.En la actualidad, la plataforma está trabajando en la interposición de varias denuncias contra distintas empresas pertenecientes a diferentes sectores, entre ellos, el de la construcción.La PMcM agrupa una treintena de instituciones sectoriales de toda España que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas, las cuales facturan cerca de 150.000 millones de euros y dan empleo a unos 4 millones de trabajadores y 400.000 autónomos. 

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