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ARTÍCULO TÉCNICO

Luces y sombras de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

09/05/2018 - Juan Díez de los Ríos, presidente de ASPEL
La nueva norma traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas sobre contratación del sector público y, además, responde a la necesidad de mayor transparencia del sector público y de incrementar los controles sobre la corrupción, la morosidad y revisión de los contratos, así como garantizar la libre concurrencia.

La ley entró en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE; es decir, el 9 de marzo. La contratación pública es un mercado con un volumen de alrededor de 200.000 millones de euros anuales, equivalente al 20% del PIB. Su importancia, además, es por ser un referente para el sector privado. La ley tiene 347 artículos, 57 disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria, 16 finales, y seis anexos. Resaltamos aquellos apartados relevantes para nuestro sector de limpieza en donde podemos ver las luces y las sombras de esta nueva ley:

Publicidad

Se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad. Requisito obligatorio. Se dará mayor transparencia a la publicidad de los contratos menores que rebajan su cuantía. Se regulan, reduciendo su uso a los de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Los expedientes de contratación serán públicos con la excepción de la información clasificada o que pusiera en peligro otros derechos, siempre de forma justificada.

Lotes

La ley obliga a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para facilitar el acceso de pymes y autónomos a los procesos de contratación. De esta manera, se simplifican procesos administrativos, ya que permite convocar un solo concurso para diferentes tareas, en lugar de dos o más, con el consiguiente ahorro para el erario público. Además de favorecer a las pymes, esta novedad introduce mayor especialización, se da más oportunidad a la innovación. 

Menos requisitos. Los pliegos rebajan las condiciones de solvencia técnica, con lo que las empresas de nueva creación (con menos de cinco años de existencia) no tendrán que acreditar trabajos anteriores con la Administración para poder comenzar a trabajar con ella. 

Precio

En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios.

Criterios de precio. Se sustituye como criterio de adjudicación “la oferta económica más ventajosa” por el de “la mejora en relación con la calidad y el precio”. Así, se fomenta que “la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio”. (“La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos”). Además, se hace necesario valorar la calidad o valor intelectual en los contratos de servicios y aparece el concepto de ciclo de vida. 

Para determinar el precio del contrato, deberán tenerse las consultas preliminares: Se permite consultar con expertos o con el propio mercado para preparar las futuras contrataciones. Se permite que las empresas que participen en los procesos de consultas al mercado (consultas preliminares) participen después en las licitaciones.

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