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ARTÍCULO TÉCNICO

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cumplimiento normativo-compliance

24/11/2016 - Javier Pascual, socio director del despacho de abogados Segurlex Consultores & Compliance y miembro de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad (SEDS)
Retrotrayéndome un poco más a la actual regulación penal en materia de cumplimiento normativo penal y su responsabilidad para las personas jurídicas –o sea, entre otras, las empresas–, recuerdo un caso de la Audiencia Provincial de Cáceres, que dictó sentencia condenatoria contra una persona física, y a su vez, contra una persona jurídica:

1.- Contra el acusado persona física, como autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, concurriendo las circunstancias atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, a las penas de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de catorce meses, a razón de una cuota día de seis euros, e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionada con su actividad por tiempo de dos años.

2.- Contra la mercantil acusada, como autora responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, concurriendo las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, a las penas de multa de tres años, a razón de una cuota día de cinco euros y prohibición de realizar actividades de extracción de áridos por tiempo de dos años.

Asimismo, los acusados indemnizarían solidariamente a la Junta de la Comunidad Autónoma correspondiente con el valor de los daños causados al medio ambiente por la actividad de extracción de áridos realizada por los acusados, cuyo importe se determinaría en ejecución de sentencia.

Si bien concurren las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, y situándonos en el momento actual, una entidad con personalidad jurídica puede quedar exenta de responsabilidad penal o atenuada si el órgano de administración adopta y ejecuta con eficacia, antes de la comisión de un delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza, o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, así como la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención que implante, y que se confíe a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. Es decir, un programa de cumplimiento, constituyendo un completo Sistema de Gestión del Cumplimiento (CMS, Compliance Management Systems).

Responsabilidad penal

El régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica se introdujo en el año 2010 en nuestro país, a través de una regulación quizás algo superficial que hizo cuestionar la utilidad de los modelos de compliance en las empresas. En un primer escarceo, la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado dio interpretación en su momento a dicho régimen, “contribuyendo” de manera concluyente a quitar del mapa los modelos de prevención penal. Por ello, se hizo necesario modificar nuevamente el Código Penal en el año 2015, mediante la Ley Orgánica 1/2015, para abandonar estas interpretaciones que tanto nos separaban de los países de nuestro entorno y de las recomendaciones emitidas por las plataformas internacionales en cuanto a las buenas prácticas. Ahora, la Circular 1/2016 de la Fiscalía se alía en esa línea y certifica la eficacia e indispensabilidad, a efectos de eximir o atenuar la responsabilidad, de los modelos de compliance.

Eso sí, olvídense por tanto del “societas delinquere non potes”, otrora no lejano axioma irrefutable. Ahora la empresa es responsable penalmente. Y tomen las empresas muy en serio, y en consideración, por su responsabilidad el in vigilando y el in eligendo

El objetivo es prevenir y detectar cualquier violación legal, el ilícito, que pudiera cometer la empresa por sus ejecutivos y también por los empleados de la misma de manera individual.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero de 2016, condena por primera vez en el ámbito penal a una entidad con personalidad jurídica por no cumplir con su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para prevenir o evitar la comisión de delitos, los denominados protocolos de prevención penal, en virtud del Art. 31 bis. 1 a) y 2 del Código Penal, tras la reforma efectuada por la Ley Orgánica 1/2015.

Esta sentencia debuta unos seis años después de la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaba el Código Penal, e introducía por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante la introducción del artículo 31 bis.

Han seguido a la citada, en el ámbito del Tribunal Supremo, la STS 221/2016, de 16 de marzo, y la STS 516/2016, de 13 de junio. Se va haciendo camino jurisprudencial.

Por si hubiera aún algún despistado o rezagado en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, comentarles que el artículo 31 bis de nuestro Código Penal nos dice: 

“1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso".

Accede a más información sobre este artículo en este enlace.

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