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OPINIÓN

Jesús Martín, Presidente de AELMA

Un nuevo y positivo escenario en la contratación pública

La contratación pública supone más de un 15 por ciento del Producto Interior Bruto de nuestro país, es decir, alrededor de 200.000 millones de euros, de los cuales 4.000 corresponden al sector de la limpieza.

Además, canaliza las principales obras, servicios y suministros del Estado. No es, desde luego, una cuestión baladí. Solamente con estos escuetos datos, cualquiera advierte que una gestión diligente en este sentido es vital. 

En marzo de 2014, el Parlamento Europeo aprobó tres directivas para la reforma de la contratación pública con el objetivo de hacer más eficientes, transparentes y homogéneas las normativas sobre contratación en la Unión Europea. El pasado 18 de abril expiró el plazo para transponer el nuevo texto. Después de dos años España no ha sido capaz de adaptarlo a nuestra legislación y seguirá estancado hasta que se dilucide definitivamente el cuadro político en nuestro país. Aunque, por la experiencia previa de casos anteriores sabemos que no suele ocurrir, España se expone a ser sancionada por no haber cumplido con los plazos establecidos. 

Las circunstancias de un país con un gobierno en funciones no han facilitado una gestión apropiada. Los titubeos políticos han afectado de manera colateral a otras esferas, entre ellas al poder legislativo. El único movimiento al respecto fue un borrador de anteproyecto de ley propuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda que nunca llegó a ser aprobado.

Así que en España nos seguíamos rigiendo por la antigua ley, ya que las directivas europeas no se aplican hasta que se transponen al marco jurídico nacional. Pero ya no. Al haber finalizado el plazo, se impone el nuevo texto. Esto supone un cambio de paradigma, una noticia muy positiva y brinda nuevas oportunidades para la mayoría de empresas, en especial para las pymes, que con la antigua legislación quedaban excluidas de las ofertas públicas ante la imposibilidad de hacer frente a lotes gigantes y competir contra las grandes compañías. 

Como representante de la Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid (AELMA), puedo asegurar con firmeza que nos alegramos profundamente de este nuevo escenario, pues consideramos que la normativa europea es infinitamente más justa y equitativa. De hecho, ya nos opusimos y criticamos públicamente la ley anterior.

Esta directiva europea surge con la misión de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y fomenta la participación de las pymes, algo por lo que siempre hemos luchado en AELMA. El nuevo panorama al que nos enfrentamos supone reorientar la contratación pública hacia un método socialmente responsable, porque aunque no es un fin en sí misma, la contratación pública sí se constituye como una herramienta al servicio de los poderes públicos para cumplir con valores como la cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. En definitiva, valores que debe proteger la Administración y por cuyo cumplimiento velamos desde nuestra patronal.

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