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REPORTAJE

La responsabilidad de mantener «limpio» el planeta para las próximas generaciones

14/05/2019 - Tx: David Marchal, Ft: iStock
Si hemos de citar un entorno que se encuentra especialmente relacionado con el ámbito de la limpieza, ese es, sin duda, el de la protección del medio ambiente. En este sentido, las autoridades cada vez son más conscientes de la necesidad de legislar para salvaguardarlo. Este es un recorrido por los distintos acuerdos y normativas que están en marcha o en las que se está trabajando para impulsar la sostenibilidad. Y es que cuidar el planeta en el que vivimos es labor de todos, incluidas las empresas que trabajan en este sector.

Según estiman los expertos en la materia, en los últimos 150 años la temperatura media del planeta ha subido 1,1º C, lo que está dando lugar a lo que se conoce como “cambio climático”. La concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero es el principal motivo de este aumento, el cual se calcula que si llegara a 2º C, podría tener efectos catastróficos para la vida en el planeta.

Con el fin de evitar esa situación, los mandatarios de todo el mundo están llegando a acuerdos para impulsar una legislación que fomente la sostenibilidad y proteja el medio ambiente. En este sentido, quizá el más conocido sea el Acuerdo de París, aprobado dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en vigor desde 2016. En él los gobiernos acordaron mantener el incremento de la temperatura media mundial por debajo de 2° C con respecto a los niveles preindustriales y seguir trabajando para limitarlo a 1,5° C.

Sobre esta base se ha venido trabajando desde entonces. Por ejemplo, a finales del año pasado, los representantes de casi 200 países se reunieron en Katowice (Polonia) en la Conferencia de las Partes (COP), en su edición 24. Allí se acordó el establecimiento de una parte importante del Libro de Reglas, el marco técnico para poner en marcha el Acuerdo de París. Sin embargo, hubo una destacada falta de acuerdo, debido a la oposición de un grupo de países encabezados por Arabia Saudita y Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, que rechazaron reconocer su principal conclusión –referente a que el mundo no puede permitirse una subida de 1,5 ºC–, anteponiendo sus respectivas economías a la salvaguarda del medio ambiente.

A pesar de ello, la COP24 fijó las reglas sobre cómo verificar que estas metas se cumplen a partir de 2024, siguiendo las directrices del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en esta materia. Asimismo, cada dos años, los países presentarán un informe detallando sus acciones climáticas, que será evaluado por expertos, pero sin tener la posibilidad de aplicar sanciones. Y cada lustro, a partir de 2023, los países harán un ‘balance mundial’ de sus esfuerzos colectivos para lograr el objetivo de limitar la temperatura global.

Anteriormente a todas estas acciones, en el año 2000 se aprobaron Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho propósitos de desarrollo humano fijados por 189 países miembros de las Naciones Unidas que acordaron conseguir para 2015. A partir de ese año, evolucionaron hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluían 17 propósitos, con 169 metas plateadas para el horizonte 2015-2030. Varias de ellas tienen que ver con combatir el cambio climático y sus efectos, así como conservar y utilizar de forma sostenible los océanos y los ecosistemas terrestres.

Ahora bien, todas estas son medidas voluntarias, de forma que pueden ser adoptadas o no, a una mayor o menor velocidad, por los estados que así lo consideren. Y a tenor de las conclusiones recogidas en el informe Perspectivas del medio ambiente mundial (GEO, por sus siglas en inglés), publicado hace unas semanas por la Organización de las Naciones Unidas, la cosa no va bien. En él se asegura que la humanidad no está en la senda para cumplir las metas fijadas para 2030 y 2050 en los distintos acuerdos internacionales sobre cambio climático, desarrollo sostenible y protección medioambiental. Y concluye: ”Es necesario adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esta situación y proteger así la salud humana y ambiental”. Lo positivo es que se conocen las medidas que hay que tomar; solo hace falta cumplirlas.

Quien verdaderamente se está tomando en serio la protección del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad es la Unión Europea, poniendo en marcha todo un aluvión de normativas de obligado cumplimiento para todos los estados miembros, y que afecta a todos los sectores, incluido el de la limpieza. Es más, esta industria debería poner atención a toda la legislación relacionada con el medio ambiente que llegue desde Bruselas, especialmente en tres ámbitos de interés: la energía, el agua y el plástico.

Recursos energéticos

En esta materia, las instituciones europeas se encuentran muy activas. De hecho, se han propuesto que, de aquí a 2030, los países que la componen obtengan el 32% de su energía a partir de fuentes renovables y que se alcance la meta principal de eficiencia energética del 32,5%. Precisamente, esos nuevos objetivos figuran en sendas Directivas revisadas sobre eficiencia energética y energía renovable que entraron en vigor el pasado mes de diciembre.

La primera establece un marco de medidas cuya finalidad principal es asegurar que se cumplan los objetivos de la UE para 2020 y 2030. Y es que la mejora de la eficiencia energética beneficiará al medio ambiente, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzará la seguridad energética, recortará los costes de la energía de los hogares y las empresas, contribuirá a atenuar la pobreza energética y propiciará el crecimiento y el empleo.

La segunda, por su parte, acelerará la transición de Europa hacia la energía limpia, basándose en una serie de fuentes renovables, como las energías eólica, solar, hidroeléctrica, mareomotriz y geotérmica, así como la procedente de la biomasa y los biocarburantes.

Junto a ellas, el Consejo también aprobó el llamado Reglamento sobre gobernanza, que establece el marco de gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. Básicamente, estipula cómo cooperarán los Estados miembros entre sí y con la Comisión Europea para alcanzar los objetivos marcados, especialmente en materia de energías renovables y de eficiencia energética, así como los compromisos de la Unión a largo plazo en el ámbito de las emisiones de gases de efecto invernadero.Y España, ¿cómo está abordando ese tema? Nuestro país tampoco se queda atrás. De hecho, a finales de febrero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que será el marco normativo e institucional que facilite y oriente la descarbonización de la economía española a 2050, tal y como establece la UE y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París.

El anteproyecto establece que, para 2030, se deben haber reducido las emisiones de Gases de Efectivo Invernadero (GEI) en, al menos, un 20% con respecto a 1990; generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que, al menos, el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35% respecto a un escenario tendencial. Finalmente, establece que, en 2050, y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, las emisiones de GEI deberán reducirse, al menos, un 90% con respecto a 1990 y el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable. Sin duda, se trata de unos objetivos ambiciosos, pero necesarios.

El anteproyecto está siendo sometido a información pública como informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado, y, una vez incorpore las aportaciones resultantes de este proceso, ha de volver al Consejo de Ministros para su aprobación.

En este sentido, el sector de la limpieza tiene que seguir optimizando sus procesos para ser más eficientes en términos energéticos, no solo por el bien de su negocio y del planeta, sino también para cumplir con las respectivas normativas de eficiencia energética presentes y futuras.

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