ASPEL, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, exigirá a la subdirección general de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad, que homologue la legislación actual a la de la Unión Europea. De esta manera, los profesionales de la limpieza podrán usar el listado de productos desinfectantes profesionales “sin restricciones”, contribuyendo a reducir el contagio y proteger la salud pública de toda la sociedad en la postpandemia.
Así lo ha explicado el presidente de ASPEL, Juan Díez de los Ríos, tras conocer el contenido de la nota informativa publicada por el Ministerio de Sanidad, que “todo el sector agradece” y en la que explica que existe un mercado con tres tipos de productos virucidas: unos para uso del público en general, otros para los profesionales de la limpieza y otros para los profesionales especializados. Estos últimos son exclusivos de aquellas empresas que estén registradas y tengan el personal capacitado, de acuerdo con lo que figura en el RD 830/2010.
En relación a esto, Díez de los Ríos ha asegurado que la redacción de los dos Reales Decretos que dictan quién y cómo deben usarse estos productos desinfectantes profesionales han generado barreras y “mercados cerrados» en España. Además, ha añadido que “durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el sector de la limpieza ha sido considerado como esencial y ha trabajado muy duro y ahora, en la nueva normalidad, la limpieza sigue siendo fundamental para evitar la propagación del virus«.
En este contexto, Díez de los Ríos ha recalcado que solicitará una reunión con la subdirección general de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad para “consensuar una nueva norma para el futuro que ampare el trabajo profesional de las empresas de limpieza y sus trabajadores, que sea homologable con otros países de la UE”. Así, ASPEL pretende acabar el limbo legal en el que se encuentra España, ya que actualmente los Reales Decretos vigentes no han tenido en cuenta la labor de higiene y limpieza.
Por todo ello, desde ASPEL apelan a la responsabilidad de la Administración española para igualar al sector y sus profesionales con el resto de países de la Unión Europea. “Si alguna empresa tiene que desempeñar su labor fuera de nuestras fronteras, debe poder hacerlo con todas las garantías posibles y no con las limitaciones actuales como estar inscritos en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de alguna de las comunidades autónomas de España”.
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