Gestionar una pyme en los tiempos que corren es un ejercicio lleno de emociones. Quedó claro el pasado 30 de noviembre en la Asamblea Abierta celebrada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad en la sede de la Unión Europea en Madrid.
El objetivo era mostrar, ante una nutrida representación de asociaciones de pymes y autónomos, las nuevas líneas maestras en materia de morosidad impulsadas por la Ley Crea y Crece. En este sentido, se destacaron las medidas que impiden el acceso de las grandes empresas a fondos públicos —subvenciones— incluidos los paquetes Next Generation UE, cuando el beneficiario no cumple la legislación vigente en materia de pagos. Importante también es la nueva consideración del alargamiento ilícito de los plazos de pago como una práctica de competencia desleal, y por supuesto, el incremento de los controles en los pagos de la cadena de compra pública entre contratistas y subcontratistas. Esta última medida viene a suplir una carencia de la propia Administración Central, obligada desde la última revisión de la Ley de Contratos de Sector Público a revisar estos pagos.
Adicionalmente, otras medidas como la implantación de la factura electrónica generalizada y la creación de un observatorio de la morosidad son igualmente bienvenidas.
Sin duda, la ley constituye un avance en diferentes direcciones. No obstante, seguimos pensando que se continúa trabajando sobre condiciones “necesarias”, pero no “suficientes”.
La explicación es sencilla. Con respecto a las tres primeras medidas mencionadas destaca su carácter desmotivador. Se trata de complicarle la vida a los morosos profesionales y hacer que, sea un poco más difícil mantener esa actitud prepotente que solo puede dar una posición de dominio en el mercado.
Con respecto a las dos últimas, van a lograr, si se aplican correctamente, un mayor conocimiento de la situación en materia de plazos de pago. Observar, que es la misión del Observatorio de la Morosidad —valga la redundancia— aporta información, tendencias, conocimiento de los sectores más perjudicados… pero no resuelve el problema. De igual manera, la implantación de la factura electrónica generalizada, además de avanzar en la digitalización y eficacia de los procesos de nuestras pymes y autónomos, ofrecerá una trazabilidad sobre las prácticas de pago de nuestro país, sin que ello logre por sí mismo, obligar a nadie a cumplir la ley de morosidad.
Y con estos bueyes tenemos que arar. Al menos, por el momento.
Digo esto porque la presidenta de la Comisión Europea, al tiempo que se aprobaba la Ley Crea y Crece en el Parlamento español, vino a darnos la razón al proclamar, en el discurso sobre el estado de la unión, la necesidad de ayudar a nuestras pymes y autónomos ante los problemas de sostenibilidad que provocan los largos plazos de pago. Concretamente, se quejó de que la morosidad aboca a las pymes a cerrar, lo que la lleva a iniciar un proceso de revisión de la directiva europea en la materia.
La constatación por parte de la Unión Europea del problema viene a dar la razón a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que lleva reclamando la implantación de un régimen sancionador que obligue al cumplimiento de la ley como única medida capaz de corregir de manera eficaz y rápida los largos plazos de pago de nuestro país.
Lamentablemente, continúa aparcada la proposición de ley para la implantación de un régimen sancionador que castigue la morosidad en operaciones comerciales, presentada hace más de dos años en el Congreso de los Diputados y cuya toma en consideración fue aprobada por el 100% de la cámara. En este momento, acumula más de 80 ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas.
Pymes y autónomos nos preguntamos qué oscuros intereses motivan este deliberado retraso, tal vez sin posibilidad de resolución a estas alturas de la legislatura. Es por ello que cuestionamos a los representantes de los partidos políticos presentes en la Asamblea Abierta por su opinión al respecto. La coincidencia fue unánime: todos consideran que debemos contar con algún instrumento que asegure que, cuando la ley no se cumple de manera espontánea por parte de los involucrados, se permita a la justicia hacerla cumplir. Lo vamos a ver en los próximos meses.
No puedo acabar estas líneas sin hacer referencia a la incidencia que la inflación y la inevitable subida de los tipos de interés tendrá sobre los plazos de pago. Pagar tarde sale más barato cuanta más inflación haya y más caro resulte financiarse. Esto no es opinable, es una realidad financiera perfectamente medible y observable. Si la morosidad ya causa estragos en épocas menos convulsas, debemos prever más problemas que los habituales en el contexto económico actual. Ya lo estamos viendo. Hemos anticipado —y no somos los únicos— una estimación de unas 200.000 pymes en riesgo.
Por eso rogamos a sus señorías la mayor diligencia en acometer los cambios necesarios para asegurar el cumplimiento de la Ley.
